A pesar de las diferencias en términos de calidad y cantidad de las propuestas culturales de los candidatos a La Moneda, yo diría que hay algunos consensos. El primero es la necesidad de avanzar en la creación de un Ministerio de Cultura. En eso coinciden los programas de Bachelet, Enríquez-Ominami, Jocelyn-Holt, Parisi, Sfeir, Matthei y Claude. El primer paso ya lo dieron Piñera y el exministro Cruz-Coke enviando al Congreso, hace algunos meses, el proyecto de ley que crea el nuevo ministerio, pero se trata de un texto que algunos —especialmente en el entorno de Bachelet— consideran muy deficiente. Aunque el proyecto ha superado algunos trámites y ya está aprobada la idea de legislar, es probable que de ser electa la candidata de la Nueva Mayoría retire con una mano el proyecto de Piñera y con la otra ingrese uno nuevo.

El segundo consenso es que el presupuesto de cultura, hoy cercano a los 200 millones de dólares (si sumamos CNCA y Dibam), debiese crecer. En la última década las platas para la cultura han aumentado siempre por sobre la tasa de crecimiento del presupuesto de la Nación. Bachelet coincide con Jocelyn-Holt en la propuesta de duplicar las asignaciones para cultura en cuatro años. En el caso de la ex Presidenta parece una meta modesta si consideramos que durante su mandato las cifras crecieron a una tasa cercana al 30% anual. Enríquez-Ominami, por su parte, propone un presupuesto de cultura equivalente al 1% del presupuesto nacional en 4 años (hoy está cercano al 0,5%). Claude y Parisi ofrecen más: quieren que el gasto en cultura llegue a un 2% del PIB (algo también insinuado por Sfeir), lo que significaría pasar de 200 millones a unos increíbles 5.300 millones de dólares.

El tercer consenso es que la política cultural debiese apuntar a recuperar el vínculo entre cultura y educación. Éste es, a mi juicio, uno de los imperativos y me hubiese gustado ver ideas más ambiciosas. La mayoría de los programas tienen propuestas orientadas a reforzar la educación artística en los colegios y a desarrollar programas especialmente enfocados en la primera infancia. Enríquez-Ominami propone la creación de un Centro Nacional de Talentos y Bachelet un Programa Nacional de Desarrollo Artístico. La ex Presidenta propone además la creación de 15 nuevos centros culturales juveniles a los largo del país. Un ejemplo de la preocupación por la primera infancia es la propuesta de “canasta cultural” de Matthei, una suerte de bono en especies (libros, material audiovisual) para incentivar el consumo cultural de niños y familias de escasos recursos.

En cuanto al diseño de los fondos concursables, todo indica que la dependencia de la ventanilla estatal seguirá intacta para muchos creadores. Se proponen, eso sí, algunas revisiones o correcciones a los mecanismos de asignación, como una política de subvención directa (“financiamiento no sujeto a concursabilidad”) en el caso de Bachelet.

Siete de los nueve candidatos proponen eliminar o reducir el IVA a los libros. Enríquez-Ominami, Miranda y Claude proponen, además, la creación de una editorial estatal. Una de las propuestas novedosas en materia de acceso a la lectura está en el programa del candidato del PRO: incentivar y subvencionar la adquisición de libros entre los profesores. Bachelet, por su parte, propone recuperar la Política Nacional del Libro (que data del año 2005 y que se ha implementado poco y nada) y diseñar un Plan Nacional de Lectura. Ambas ideas no son novedad para ella: en su mandato ya tuvo la oportunidad de impulsar esa política del libro y creó también un plan de lectura sin muchos resultados. Pero Bachelet quiere además levantar bibliotecas regionales en las zonas que no cuenten con una y ésa es una buena idea, pero un compromiso difícil de lograr en cuatro años. El resto de los candidatos incorpora a sus propuestas campañas de promoción de la lectura o la creación de bibliotecas infantiles, como en el caso de Matthei. En un país cuyos índices de lectura están estancados hace quince años, sentar las bases para un Plan Nacional de Lectura ambicioso y de largo plazo debiese ser la prioridad en esta área.

Varios candidatos coinciden en que la televisión pública debiera jugar un nuevo rol. Enríquez-Ominami propone la creación de un Canal de Televisión Cultural y nuevos canales regionales. La propuesta de Matthei es distinta y busca ejercer control sobre la programación, para que “en horarios familiares no se transmitan contenidos que puedan dañar a los menores de edad”. Matthei, Bachelet y Jocelyn-Holt coinciden en reforzar los fondos públicos destinados a la creación de programas culturales, con lo que se corre el riesgo de seguir aumentando esa especie de subvención a los canales en que se ha transformado el concurso del CNTV.

La política cultural del próximo gobierno tiene el imperativo de acompañar de cerca la revolución que necesitamos en educación. No puede ser de otro modo. La clave está en mejorar la oferta cultural, avanzar en la formación de públicos y democratizar el acceso a los bienes culturales.

[Texto publicado en The Clinic núm. 520, 14 de noviembre de 2013]