Nuestra Ley del Libro cumplió el año pasado dos décadas de vigencia. La firmó el presidente Patricio Aylwin a fines de su mandato y ha sobrevivido a cuatro gobiernos, dos generaciones de lectores y una revolución digital, y aún nadie es capaz de cambiarle una coma. Y no porque sea una ley especialmente virtuosa. Su modificación no ha sido —hasta ahora— una prioridad para las autoridades políticas. Tampoco los gremios vinculados al libro han empujado y exigido especialmente los cambios.

Pero hay algunos avances. Al interior del Consejo del Libro y la Lectura se ha discutido durante los últimos meses una modificación al texto. Se fijó un anteproyecto y la institución llamó a una consulta pública para recoger opiniones. No tengo claro qué viene después, si el presidente Piñera alcanzará a ingresarla al Congreso o si el debate parlamentario en torno al proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura postergará, animará o incluirá esta demanda sectorial. Tampoco tengo claro si a través de esta consulta pública es posible incidir en algo o es apenas un saludo a la bandera de la participación ciudadana. Hechas las advertencias, ésta es mi opinión sobre el texto.

Modificaciones menores

Las cambios que propone este anteproyecto de ley no son sustantivos. Se trata básicamente de una nueva redacción que moderniza los objetivos y funciones del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que de paso cambia ligeramente su composición. Creo que este empeño de modificación legal es una oportunidad perdida de haber abordado otros temas que no están en la redacción original, pero que sí aparecen en la legislación comparada y son aspiraciones del sector del libro.

Los cambios son los siguientes:

1. En el ámbito de la redacción, y en términos muy generales, se define mejor al Estado como agente generador de políticas orientadas al fomento y promoción de la lectura y a la creación, edición, producción, distribución de libros. Aunque no deja de ser una ley que tiende a beneficiar a los escritores por sobre los editores y lectores, tiene al menos en teoría un énfasis más amplio: mejorar el acceso de los libros y la lectura para todos los chilenos. Y ese énfasis, aunque acotado, me parece un avance.

2. Amplía el concepto del libro, que ya no define como una «publicación unitaria impresa», sino como una «obra unitaria […] publicada en cualquier soporte». Un cambio que caía de maduro. De paso este anteproyecto evita hacer otra definiciones (de conceptos como edición, editor, distribuidor, autor, biblioteca, librería, libro chileno, etcétera) y las deja pendientes como materia del reglamento.

3. Cambia ligeramente la conformación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura: de los 12 miembros originales, el texto elimina al representante del Presidente de la República, que en la práctica nunca ocupó el sillón. Se mantienen en sus puestos el Ministro Presidente (1), quien lo preside, los representantes del Ministerio de Educación (1), de la Dibam (1), de los escritores (2), de la industria editorial (2), de las bibliotecas (1) y de los profesores (1). El texto elimina a los dos académicos designados por el Consejo de Rectores y en su lugar propone: un académico designado «por los rectores de universidades chilenas» y una personalidad del ámbito de la cultura designada por el Ministro Presidente. En el caso de los escritores, el texto señala que no pueden pertenecer a la misma asociación gremial, por lo que la Sech perdería un sillón.

4. Los miembros del Consejo ocupan sus sillones ad honorem. Este anteproyecto contempla un pago de honorarios para todos los consejeros («15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 180 unidades de fomento por año»), con la excepción de los representantes de la Dibam y el Mineduc, y obviamente del Ministro Presidente.

Los temas pendientes

1. Concurso de Adquisiciones. Uno de los programas más importantes que ejecuta el Consejo todos los años es el Concurso de Adquisiciones: se trata de unos 500 millones de pesos que se invierten en libros destinados al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Este anteproyecto, al igual que la ley vigente, señala que esos libros deben ser «de autores chilenos». Esto consagra un principio que cruza toda esta ley y que ya adelanté: tiene un foco excesivo en los escritores, en desmedro de editores, libros y lectores chilenos. Hay que considerar que el Consejo gestiona todos los años becas de creación para autores emergentes y consagrados, además de premios a las mejores obras éditas e inéditas, en varias categorías: éste es un impulso directo a la creación. El Concurso de Adquisiciones, en cambio, tiene una incidencia en la industria editorial y en los catálogos de las bibliotecas públicas. El foco de su beneficio debiera estar, por lo tanto, en «los libros chilenos». Ese pequeño cambio estaría línea con los objetivos de tener una industria editorial más competitiva. La posibilidad de que las editoriales pequeñas y medianas conquisten nuevos mercados y salgan a buscar lectores en el ámbito de la lengua, pasa por diseñar también catálogos más globales, incorporando autores latinoamericanos por ejemplo. No vamos a impulsar la industria del libro en Chile si los beneficios de la política pública nos obligan a publicar sólo autores chilenos.

2. ISBN y libros electrónicos. El artículo 10 del anteproyecto señala que «en todo libro impreso en el país se dejará constancia del Número Internacional de Identificación (ISBN)», tal como figura en la ley vigente. Esto significa que los libros electrónicos no tienen ninguna obligación de cumplir con el registro. Y como el registro de ISBN es la única herramienta que tenemos para medir la producción editorial en Chile, no sabremos entonces cuántos libros electrónicos se producen en el país.

3. ISBN gratuito. La Agencia de ISBN en Chile es administrada por Cámara Chilena del Libro, que cobra un monto por cada registro. La ley define esa tarifa (no debe ser superior a 0,2 UTM) y señala que lo recaudado «sólo podrá ser utilizado para la administración y mantención del propio registro». Hay países en que la gestión del ISBN está a cargo del Ministerio de Cultura, institución que asume el costo de la administración permitiendo que la inscripción de cada libro sea gratuita. Es una medida de baja inversión pública que incentiva la producción de libros.

4. Impuesto al derecho de autor. Muchos países eximen de pagar impuesto a la renta a los ingresos recibidos por derechos de autor, porque es una medida sensata para estimular la creatividad. Este anteproyecto no modifica la ley vigente que fija una tasa del 15% como impuesto para los ingresos que provengan del derecho de autor. Hay que aclarar que no se trata de eximir a los escritores, como personas naturales, de pagar sus impuestos, sino sólo de eximir aquellos ingresos que provengan directamente de la venta de sus libros.

5. Impuesto a la renta de las empresas editoriales. También hay muchas legislaciones que estimulan a la industria editorial por la vía de eximir a las empresas de pagar impuesto a las ganancias, o a través de fórmulas tributarias que aseguren su reinversión. Ésta es una aspiración del sector del libro desde hace muchos años. Sin ir más lejos, Perú es un ejemplo de una legislación adecuada en esta materia.

6. Precio fijo. Aunque éste es un debate abierto, son cada día más importantes las señales que fundamentan su pertinencia. El último gran ejemplo de su fortaleza como política pública fue la llegada de Amazon a España. Gracias a la ley de precio, la industria española pudo ponerle freno a la ambición del gigante del retail y salvaguardar el ecosistema de sus librerías.

Para quienes echen de menos en esta lista el IVA a los libros: es un tema aparte, complejo y que supone la voluntad política de muchos sectores. Sería muy inocente pedir que se incluyera en una modificación de la Ley del Libro, entre otras razones porque el Ejecutivo tiene una posición clara sobre la materia. Si el Consejo lo instalara como una demanda, sólo entramparía la modificación de la ley.