Hoy se publicó en el Diario Oficial la esperada modificación a la ley de depósito legal en Chile. Hasta ahora, los editores estaban obligados a enviar a la Biblioteca Nacional 15 ejemplares de cada libro publicado, una cantidad que no es coherente con los fines patrimoniales que inspiran el depósito de obras impresas en todo el mundo. Desde hoy, la obligación es enviar sólo 5.

La modificación de la ley establece, primero, que los editores tienen un plazo de 90 días para cumplir con el depósito legal y, segundo, que quienes no cumplan no podrán hacer negocios con el Estado ni recibir financiamiento público. La Biblioteca Nacional tiene la obligación de certificar las eventuales denuncias.

Con esta modificación ganan los editores y significa un pequeño impulso a la industria: una buena parte de los libros que ingresaban a la oficina de depósito legal terminaban en las bibliotecas públicas, subvencionando al sistema y disminuyendo las posibilidades de ser adquiridos. Por otra parte, la nueva ley también impacta ligeramente en los costos de impresión: hasta ahora, en una tirada de 500 ejemplares el impresor estaba obligado a producir y cobrar 515. Pero también gana la Biblioteca Nacional, que de aquí en más puede optimizar mejor sus espacios de almacenaje: hasta ahora tenía la obligación de gestionar y conservar copias innecesarias de cada impreso que llegaba.

La ley 19.733, con las modificaciones ya incorporadas en el artículo 14, puede ser consultada aquí.