La formación del hábito lector es un fenómeno complejo y relativamente incomprensible. Hoy lo conocemos mejor y sabemos que depende de muchos factores. Algunos pueden hacer una gran diferencia, como una biblioteca en casa, una estimulación temprana y padres lectores. Pretender —como lo hace Pablo Ortúzar en su carta a La Tercera— que una medida tributaria modifique los hábitos y los índices de comprensión lectora de los chilenos es descalificar la iniciativa por la vía de pedirle milagros.

No es posible demostrar que la eliminación del IVA al libro mejore los índices de lectura, como no es posible demostrar que disminuyendo el precio de los vehículos vamos a tener gente más sensata al volante. Lo que sí es posible afirmar es que un tratamiento fiscal distinto puede mejorar el acceso a los libros. Es, en ese sentido, que la medida resulta simbólicamente potente y económicamente virtuosa. Mejorar el acceso a los libros es un objetivo más acotado, insisto, pero parece fundamental si lo que se persigue a largo plazo es mejorar los índices de lectura.

Como en todo prejuicio, hay un asomo de ignorancia cuando Ortúzar sostiene que esta medida sólo beneficiaría «al selecto grupo de lectores que el país tiene». ¿De dónde viene esa idea de que los libros son patrimonio de un puñado de buenos lectores? Los libros son un soporte de estimulación para los niños desde mucho antes de que aprendan a leer, de conocimiento para quienes estudian contabilidad o botánica, de aprendizaje para quienes tejen, cocinan o reparan motores, y de entretención para quienes tienen el legítimo derecho a distraerse leyendo la biografía de un personaje de televisión. Esto, me imagino, lo sabe cualquier persona que haya visitado una biblioteca pública.

Sólo Chile y Guatemala aplican IVA a los libros en América Latina. Parece incomprensible que un país que quiere avanzar en educación pública y en capital humano siga siendo parte de la breve lista de países que consideran a los libros como cualquier otro bien de consumo.